Por Luis.F Lopez.
Bogotá, agosto de 2025 – La violencia contra personas trans en Colombia sigue intensificándose. Solo en julio se confirmó el asesinato de Fernanda Domicó, lideresa indígena y mujer trans, hallada sin vida en el municipio de Dabeiba (Antioquia). Su muerte, rodeada de dudas y marcada por un patrón de violencia estructural, se suma a una tendencia creciente de ataques contra la población trans en el país.
De acuerdo con datos recopilados por organizaciones como Caribe Afirmativo, al menos 14 personas trans han sido asesinadas en lo que va del año, y el total de homicidios contra personas LGBTIQ+ en 2025 ya asciende a 52, superando por amplio margen los 32 casos registrados en todo 2024. Esta cifra representa un incremento de más del 40 % en solo siete meses.
Antioquia encabeza la lista de regiones con mayor número de crímenes, concentrando casi la mitad de los casos. Las formas de agresión, según denuncias, incluyen niveles extremos de sevicia, lo que evidencia una violencia cargada de odio hacia las identidades trans.
Organizaciones sociales también alertan sobre un preocupante subregistro y la falta de respuestas efectivas del Estado. Según voceros comunitarios, muchas de las víctimas eran personas trans visibles en sus territorios, defensoras de derechos o lideresas culturales, lo cual indica un riesgo adicional para quienes asumen liderazgos públicos.
En julio también se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que señala que cada dos días es asesinada una persona LGBTIQ+ en Colombia, y que las personas trans, particularmente mujeres, son las más expuestas a la violencia letal.
El caso de Fernanda Domicó, mujer trans indígena y defensora de derechos en el Urabá antioqueño, fue descrito por activistas como “emblemático y dolorosamente representativo” de la situación que enfrentan miles de personas trans en Colombia: falta de protección estatal, transfobia estructural e impunidad casi total.
Frente a este panorama, las organizaciones sociales exigen una respuesta inmediata por parte del Estado: que se investiguen los casos como crímenes por prejuicio, que se garanticen medidas de protección efectivas y que se avance en políticas públicas de justicia, salud y vivienda para la población trans, especialmente en zonas rurales y periféricas.
